La grave denuncia que el último lunes publicó Panorama Cajamarquino, en donde se daba cuenta de la violación que sufrió una menor de edad por parte de un docente del centro educativo Juan XXIII, ha tenido inmediata repercusión en todos los medios informativos de la región por la magnitud del hecho donde además habrían otras alumnas que fueron vejadas por el profesor acusado.
Muchas autoridades de diversos ámbitos han salido a pronunciarse sobre el tema que ha conmocionado a la sociedad estudiantil de Cajamarca, sin embargo parece que las leyes y la burocracia del Ministerio de Educación estuvieran hechas a la medida de quienes las infringen y no de quienes buscan amparo en ellas, pese al tiempo transcurrido, el caso sigue en el tintero y el acusado ha optado por pedir licencia por dos semanas, argumentando un problema de salud.
El Estado Peruano, según la Constitución Política, garantiza la integridad de los estudiantes, así como el derecho a la educación, sin embargo, parece que suelen haber excepciones, probablemente porque se trata de un colegio, que si bien es uno de los más representativos, la gran mayoría de sus alumnas son de condición modesta, seguramente que no sucedería lo mismo si se tratase de una alumna de un plantel donde las posibilidades económicas de la mayoría son holgadas.
Las autoridades educativas han preferido dar hasta ahora respuestas ambiguas, poco claras como orquestando una idea que en vez de ser esclarecedora confunda a quienes esperan una sanción para el responsable de un acto cometido con premeditación, ventaja y alevosía, puesto que es un maestro, un tutor de quien las alumnas esperan protección y no violencia.
Las oficinas administrativas del ministerio de Educación se encuentran atiborradas de personajes con denuncias por acoso, hostigamiento, violación y una serie de actos que riñen con la moral, es decir, en el sector educación los que cometen una transgresión de esa naturaleza reciben un premio y son designados a un área administrativa en la que vegetan y se convierten en parte del aparato burocrático del país sin tener en cuenta que en nada cambia el peligro social que representan.
La colectividad cajamarquina está atenta a los sucesos de este denigrante problema que se ha hecho recurrente en el Perú. Hace solo unos días en la provincia de San Marcos se detectó a unos docentes desnudos protagonizando actos escandalosos junto a sus alumnos. Hoy los afectados luego de ese atroz descubrimiento son los 280 alumnos que ese par de malos docentes tenían a su cargo.
La realidad educativa no solo depende de un elemento, sino de la serie de engranajes que la manejan. Los docentes a veces son mal vistos porque desde las maltas autoridades surgen gollerías y encubrimientos que desdicen de la carrera docente. Cajamarca exige una respuesta a esta violación que no debe quedar impune.
