La célula parlamentaria aprista ha presentado un predictamen del proyecto de ley que plantea un nuevo texto en el que se recorta de 7 a 3 días el plazo que tienen los medios para publicar una rectificación y modifica el artículo 132 del Código Penal incorporando como posibles agentes de difamación a las páginas web y los blogs, sin embargo hay una relatividad ingente en ello, pues los blogs y las web pueden crearse con identidades falsas desde cualquier parte del mundo.
El proyecto señala en su artículo 2 que “la persona afectada por informaciones inexactas e injuriosas realizadas en cualquier medio de comunicación social tendrá derecho a una rectificación…”. Este artículo es ambiguo porque ¿quién califica qué es injurioso o inexacto? Definitivamente y sin duda bajo esa conceptualización pueden fácilmente esconderse intereses que buscan ocultar la verdad o tapar actos de corrupción.
En su artículo 7 se añade “que si en los plazos señalados no se hubiera publicado o difundido la rectificación, el afectado podrá interponer una acción de amparo”, lo que judicializa la acción de rectificación e introduce un recurso que serviría en la práctica para tener jaqueados a los periodistas y a las empresas. El proyecto, pone en evidencia las intenciones del APRA de amordazar a la libertad de prensa. Ya sucedió en Venezuela, bajo el contexto de proteger las honras y el honor de supuestos difamados se ha normado el ejercicio de la libertad de prensa poniéndole una mordaza.
En su artículo 6, el más sórdido y el que evidencia las verdaderas intenciones se pretende ampliar la responsabilidad civil que podría establecer el Poder Judicial en un proceso a la empresa periodística y no sólo al periodista, como sucede en la actualidad. Con esto se busca presionar económicamente al medio de comunicación lo que es un absurdo que no puede aceptarse bajo ningún argumento.
José Vargas, vocero del APRA, tristemente célebre por la iniciativa que viene gestada como venganza por Mercedes Cabanillas, ha explicado que en la actual legislación una persona que se considera afectada en su honor por un medio de prensa tiene 15 días para enviar su rectificación; el proyecto acorta ese plazo a 10 días. Sin embargo, no precisa si al excederse en ese plazo le queda vedado el camino judicial. En cuanto al plazo que el medio tiene para acoger la rectificación, en la actualidad éste es de 10 días; el proyecto propone modificarlo a 3.
En síntesis vergonzosa, el Perú Cada día se parece más a Venezuela, a ese país donde Hugo Chávez reina, ese paraíso dictatorial que Evo Morales añora y que Humala idolatra, esos mismos que gritan como pobres y viven como ricos, aquellos que parece ahora han adoctrinado al partido de turno el que haciendo remembranza de sus dotes bufalescas hoy pretende cercenar la libertad de prensa, esa misma por la que Haya lucho, sufrió prisión y exilio.
Mercedes Cabanillas busca con esto vengarse de las acciones que todos los medios del Perú publicaron luego de sus torpezas y su ineptitud para resolver el conflicto de Bagua, torpezas que finalmente fueron engalanadas con la Presidencia de la Comisión de Constitución.
