El presidente
regional, Gregorio Santos, ha dicho que existe un afán político de querer
traerse abajo a la descentralización en el país, aunque acusa a grupos que él
llama de poder, y se refiere específicamente al Grupo El Comercio, existen una
serie de factores adyacentes que ponen en peligro la descentralización y eso
incluye el desarreglo con que se han manejado los gobiernos regionales.
El retraso de los
proyectos mineros en los últimos tres años ha sido visto como un serio problema
por el gobierno central, principalmente por la afectación que con ello se ha
causado al manejo de los programas sociales que la política de Ollanta Humala
llama programas de inclusión – el dar pescado y no enseñar a pescar, como
también sucedió en el distrito más rico del Perú, San Marcos, en la región
Ancash, en donde el dinero del canon se repartía entre los pobladores en una
actitud harto populista-
Lo cierto es que
cada Gobierno Regional se convirtió en un feudo aparte, un estado casi
independiente que recibe millones y que no siempre invierte como es debido.
Exceso de confianza o no, los errores que se cometen hay que pagarlos, amén de
la corrupción que es un mal tan enquistado y está en todas las esferas. Se han
detectado y denunciado casos desde la Fiscalía hasta los expresidentes de la
república, congresistas hasta secretarios de juzgados y profesores. Nos estamos
haciendo inmunes a la corrupción, estamos siendo permisivos y el daño que se
esa aceptación nos ha causado es generacional y evidente.
Intervenir a los
Gobiernos Regionales para fiscalizarlos no es nada que debe preocuparnos, sobre
todo cuando existen indicios de corrupción. Quien nada debe nada tiene que
temer, sin embargo existen casos en que las pruebas son apabulladoras como ha
sucedido en el caso del gobierno Regional de Ancash, más allá de las lágrimas
del presidente regional César Álvarez.
Santos ha
reconocido que se equivocó al elegir a ciertos funcionarios, entre ellos José
Panta Quiroga, que tuvo malas amistades como Wilson Vallejos y que incurrió en
errores reiterados. Es bueno reconocer que uno se equivocó, lo demás lo verán
las autoridades, mientras tanto hay que esperar a ver cuál es el panorama con
el resto de gobiernos regionales que también son investigados. En algo todos
coincidimos, que los responsables de actos de corrupción deben ser juzgados y
sobre ellos debe recaer todo el peso de la ley.
