Los reportes sobre hechos violentos en Chugur, distrito de la provincia de Hualgayoc, no son nuevos, sucesos violentos se registran en breves periodos con saldos tan lamentables como el sucedido con el funcionario del Ministerio de Energía y Minas Elmer Portilla, quien fue baleado y dejado en estado de discapacidad, o como el asesinato de Melanio Silva, el intento de homicidio al PNP José Cerdán entre tantos otros que han alarmado a la población y mantienen en permanente temor a los comuneros de esas zonas.
Pero la verdad de los atentados y de esa guerra sin cuartel que se registra en Chugur, no sólo se debe al desgobierno, falta de presencia policial o actos de corrupción en ese distrito; se trata de una carrera armamentista emprendida por pequeñas mineras del lugar y que desde hace años no han hecho otra cosa que armar a quienes velan por sus intereses. Estas mineras, de vieja data, y que nada tienen que ver con las nuevas mineras instaladas en la zona, - las que sí producen y generan empleo-; se han convertido en un problema para el Estado, el que debería poner bajo la lupa las acciones que realizan y determinar las responsabilidades de cada una de ellas en los recientes actos violentistas registrados en Chugur.
Las citadas mineras que además ni siquiera realizan un proceso de producción, sino que más bien son el perro del hortelano, por que ni explotan ni dejan explotar, sino que sólo se han dedicado a medir la cantidad de reservas que tienen en territorio denunciado para luego venderlas al mejor postor – Con el pretexto de las eternas exploraciones y la autovictimazión - , han empezado una peligrosa estrategia de actividades ilícitas como es el hecho de brindar armas a gente sin preparación para hacer uso de ellas con la sola intencionalidad de proteger sus intereses.
Chugur se ha convertido en un pueblo del lejano oeste, nada que envidiar a aquellos pueblos norteamericanos de fines del siglo XIX en donde todas las personas andaban armadas y la única ley era la del revólver. No se puede seguir engañando a los pobladores de Chugur con proyectos de corto y mediano plazo, mientras nocturnamente se les provee de chalecos antibalas, cacerinas, fusiles y revólveres.
Hace poco un poblador de Chugur – Hoy paladín y autodenominado Presidente del Frente de Defensa, con aval intrínseco de gente involucrada – fue detenido cuando llevaba a ese distrito un arsenal de armas y chalecos antibalas que pertenecían a la Policía Nacional del Perú. ¿Quién mueve los hilos de las muertes en Chugur? ¿Por qué o bajo qué temor la PNP no interviene en esos hechos repetitivos de violencia en ese distrito?
¿Cuántos muertos más se necesitan para poner orden en un pueblo que al margen de defender lo que consideran es su derecho, vienen siendo armados por un grupo de comerciantes disfrazados de inversionistas?
El general de la PNP tiene una ardua labor, es el único responsable de los desordenes que allí se generen mientras no aplique una política de sanciones y mientras no se investigue a los proveedores de armas de uno de los distritos más disímiles del Perú. ¿Y Manuel Bacón Tanta, gobernador de Cajamarca, no tiene autoridad para ordenar una investigación, o es que las “pequeñas mineras” tienen facultades para armar a comunidades campesinas?
