En momentos en que el planeta se debate en la agonía por la irresponsabilidad de todos sus habitantes, el gobierno peruano no tuvo mejor idea que liquidar las pocas reservas ecológicas que nos quedan y que no sólo pertenecen al Perú sino al mundo entero. La Ley 29317, modifica el Decreto Legislativo 1090 y se constituye como: Nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre. El artículo 6 de esta norma permite cambiar el uso de las tierras que pertenecen al patrimonio forestal cualquiera sea su categoría cuando se trata de proyectos de interés nacional.
Esta ley solo beneficia a los grandes inversionistas que buscan producir etanol, lo que va a mermar el patrimonio forestal de la nación. El 18 de abril de 2009 el gobierno constituyó el Grupo Técnico de Trabajo para formular el Plan Nacional de Agroenergía, en un plazo de noventa días. La Resolución Ministerial 0315-009-AG añade que el sector Agricultura debe promover “el desarrollo de las áreas disponibles con aptitud agrícola para la producción de biocombustibles”.
Tal rol se encuentra en la Ley 28054 de Promoción del Mercado de Biocombustibles y los decretos supremos 004-2008-AG y 016-2008-AG que declaran de interés nacional las plantaciones de piñón, higuerilla, caña brava y bambú con fines energéticos. ¿Interés nacional?
CAJAMARCA NO ESTÁ AL MARGEN: La Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos. Aprueba con modificaciones de último minuto y la privatización del agua con fines de lucro y para el provecho de operadores privados. Varias organizaciones sociales denunciaron en su momento que ello favorecerá particularmente a las empresas mineras “que cuentan con 18'260,779.87 millones de hectáreas de denuncios mineros, la mayoría de ellos asentados en las cabeceras de cuenca”, el Quilish entre ellas.
SECRETOS: Para terminar, el Decreto Legislativo 1064. Elimina el requisito del acuerdo previo (licencia social) entre las empresas y las comunidades campesinas y nativas para iniciar las actividades de exploración y explotación de los recursos del subsuelo. Lo que refleja un atropello vil al derecho de propiedad privada de comunidades y propietarios rurales dándoles ventajas a los inversionistas privados.
En 1979, La Constitución política retornó a la institucionalidad democrática y quedó definido el carácter inalienable, inembargable e imprescriptible de las tierras comunales.
La Constitución del 79 fue avalada por Víctor Raúl Haya de la Torre, patriarca del actual gobierno ¿Qué diría si fuera testigo de las descabelladas propuestas de García? Todo indica que es justo y legítimo que las organizaciones indígenas demanden se restablezca la protección constitucional a su derecho colectivo al territorio, lo que implica su razón, vida, existencia e historia.
El mundo está muriendo, no podemos darnos lujos de esa magnitud, la selva amazónica más allá de la soberanía y el respeto entre naciones pertenece a la humanidad y si la insensatez de alguno no la puede administrar compete a organismos internacionales proteger uno de los pulmones del mundo, el más grande y con certeza el último.
