La Cámara de Comercio de Lima ha reportado que el 74% de las instituciones públicas incumplen con la ley del Silencio Administrativo. De 2,184 instituciones del Estado, solo 575 se han adecuado a la Ley del Silencio Administrativo, lo que significa un desacato evidente.
Lamentablemente la burocracia es un mal endémico en las instituciones públicas del Perú, no es una novedad ni un hallazgo la indiferencia que suelen dar los trabajadores estatales a las acciones de simplificación administrativa que fueron dadas justamente para evitar engorros en trámites donde en muchos casos se crean oficinas para justificar sueldos y honorarios de incompetentes funcionarios.
La Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros ha reportado recientemente que un total de 2,184 instituciones del Estado, solo 575 han actualizado su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA). En las municipalidades distritales del país, la situación se complica y el descomedimiento a la norma llega al 83%. De 1,641 municipalidades, apenas 274 han actualizado su TUPA. Según publica la página del Consejo de Ministros las municipalidades que destacan tristemente son las de Madre de Dios con 100%, el 97% en las del Cusco, el 95% en las de Ayacucho y de Cajamarca, y el 91% en las comunas de Huancavelica y de Huánuco.
Según la Ley 29060, las entidades públicas que no han actualizado su TUPA están impedidas de cobrar tasas por servicios públicos y, además, todos sus procedimientos están sujetos al silencio positivo. Es decir, vencido los 30 días, las solicitudes de autorizaciones, licencias y permisos se dan por aprobadas automáticamente.
Las cifras son claras Cajamarca se ubica con un 95% de incumplimiento de Silencio Administrativo, indicador que pinta de cuerpo entero el grado de Irresponsabilidad de la mayoría de nuestras autoridades ediles en la región. Tenemos un deshonroso Tercer puesto en incapacidad, puesto bochornosamente compartido con Ayacucho.
Dos datos más son vitales en este tema, el Perú podría agregar 1.5 puntos porcentuales al crecimiento del PBI de no ser por las actuales barreras burocráticas, según lo ha informado la Cámara de Comercio de Lima. Y algo más, que expresa la situación y manejo de las municipalidades, de las 33 denuncias por obstáculos a la inversión formuladas en el primer trimestre de 2009 ante Indecopi, el 82% corresponde a municipalidades.
En definitiva la Ley del Silencio Administrativo que pretendía contribuir a la Reforma del Estado, es sólo letra muerta en un país lleno de burócratas mudos en un país cada vez más ruidoso.
