· Libertad de expresión podría tener una “correaza”
Después de que el ex presidente de la República, Alan García Pérez, el 27 de julio observara la ley que despenaliza los delitos de difamación y dejara en ciernes el avanzado proyecto, ha surgido nuevamente la polémica en torno a la libertad de expresión en nuestro país, en donde una vez más parece que las opiniones vuelven a dividirse sobre un tema tan fundamental.
En la actualidad el presidente Ollanta Humala tiene en sus manos la autógrafa de la ley que despenaliza el delito de difamación, aprobación que en consecuencia eliminaría una amenaza para el ejercicio del periodismo y, en general, para la libertad de expresión, como sucede en todos los países civilizados del mundo.
La ley fue aprobada por el Congreso el 21 de julio, sin embargo, Alan García se negó a rubricarla. -Según estadísticas del Congreso de la República, cuando en un cambio de gobierno una ley se queda sin firma, el 80% de ellas se devuelve-.
Algo que se debe tener muy en cuenta es que el gobierno actual (Ollanta Humala y Cia.) no ha dado muestras de ser muy asequible con la prensa y que por el contrario en los primeros días ya ha pedido que las sanciones contra la prensa sean más drásticas.
Por su parte el Consejo de la Prensa y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) indicaron que las penas de cárcel para los excesos en el ejercicio de la libertad de expresión resultan innecesarias y desproporcionadas y provocan “indeseables” efectos de censura indirecta, lo que debilita el necesario escrutinio a la gestión pública.
En muchos países lo que se aplica es una sanción pecuniaria, tanto al medio como al comunicador, pero el penalizar la difamación podría asumirse como una mordaza a la libertad de expresión y de opinión como está sucediendo en Ecuador, como lo ha manifestado el periodista y congresista Luis Iberico haciendo una clara alusión a Rafael Correa, presidente ecuatoriano, quien ha demandado judicialmente a varios medios de comunicación y sancionado a otros.
Sin embargo tampoco vamos a fungir de adalides ni mártires de la libertad de expresión y a gritar que la prensa está siendo victimizada, es verdad, que existen excesos deplorables y condenables como los que vemos, oímos y leemos a diario en los diversos medios de comunicación, nacional y sobretodo local; ello nos remite a pensar que se deben aplicar los códigos de ética y que debe existir un ente que se encargue de hacerlos cumplir, más allá del mero formalismo que exige el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Hay excesos que incluso trascienden los límites de la difamación y se convierten en delitos alevosos y vejatorios en donde hasta existe la extorsión como un “Modus Operandi”. Por eso es preciso que los mismos medios de comunicación se autoregulen y no solo se hable del problema de la ética como algo ajeno a nosotros, sino como de algo con el que todos tenemos que ver; somos parte del sistema y cuando éste falla, todos fallamos.
Si bien es imperante que se apruebe la ley de despenalización al delito de difamación, es necesario que se pongan en funcionamiento los mecanismos que regulen y que aseguren que la libertad de expresión no va a convertirse en un libertinaje de indecencia y obscenidades amparadas bajo esa afable libertad.
