El sábado en la mañana un hecho escandaloso se suscitó en la segunda comisaría de esta ciudad, un efectivo policial, que cumplía con su deber fue golpeado violentamente por un abogado en estado de ebriedad, quien le causó varias contusiones, sangrado profuso y rotura de tabique ante la mirada atónita de los efectivos de esa comisaría.
Siempre hemos criticado los abusos policiales, los que se cometen tras las rejas con premeditación y ventaja. Muchas denuncias han existido sobre abusos cometidos dentro y fuera de las comisarías por parte de efectivos del orden que actúan con prepotencia y violencia, sin embargo esta vez repudiamos el acto innoble de atacar a un policía y golpearlo salvajemente.
Y el mal se ha hecho endémico, el hijo de un consejero regional agrede a un policía, una alcaldesa ebria agrede a un policía, un abogado ebrio agrede a un policía, un chofer de combi agrede y atropella a una mujer policía… la lista de noticias con respecto a casos de agresiones sufridas por policías es extensa, va en incremento y afecta gravemente la imagen institucional además de la moral y el estado psicológico de los agraviados.
Existe una institución denominada Defensoría de la Policía (0800 -1- 1615 línea gratuita), institución que se encarga de velar por los atropellos y abusos de los que son víctimas los policías en todo el Perú, no solo los salvaguardan de los abusos externos, que vienen de los ciudadanos, sino también de aquellos que provienen de su misma institución, denunciando, demandando y haciendo un seguimiento exhaustivo de cada caso que a diario llega a la institución.
Por ello resulta inconcebible que mientras esta institución capacita a los policías con abogados especialistas y psicólogos de manera periódica sobre cómo actuar en situaciones difíciles o de mucha presión, sin vulnerar los derechos humanos de los ciudadanos; un grupo de desadaptados contradigan todo lo que la ley manda y se comporten como perfectos energúmenos atentando contra los custodios.
Flor Huilca, en un informe publicado en el diario La República refiere que causar la muerte o lesiones graves a un policía o a un miembro de las Fuerzas Armadas en servicio, será penado con prisión efectiva, según un proyecto de ley aprobado por la Comisión de Defensa que modifica el Código Penal.
La norma plantea tipificar como homicidio calificado el asesinato de un policía o militar siempre que se encuentre en servicio, delito que será sancionado con una pena de cárcel no menor de 15 años. Las lesiones graves, según el artículo 121 del Código Penal, reciben actualmente una sanción de cuatro años de cárcel como mínimo y ocho como máximo, pero si son causadas a un policía o militar será de cinco a doce años de prisión.
También se considerará como agravante resistirse a la autoridad, lo que implicará una sanción de cuatro y siete años. En consecuencia tendrá prisión efectiva.
Con estas modificaciones la Comisión de Defensa del Congreso busca frenar las agresiones contra policías y militares. Según la Defensoría del Pueblo, el número de agresiones a policías se ha incrementado cada año.
Estamos convencidos del papel preponderante que cumple la Policía Nacional del Perú en el cumplimiento cotidiano de su labor, nada justifica ese ataque cobarde contra el efectivo SOT3 Walter Rodríguez Sánchez a quien expresamos nuestra solidaridad desde esta columna.
