Juan Carlos Vásquez, coordinador del CADER, ha dado una insulsa explicación con respecto al engorroso tema de las violaciones en el Colegio Juan XXIII, es inaudito, más allá de que la ley lo faculte o no, que docentes que trabajan con menores de edad y que han cometido actos de violación sigan laborando en sus planteles como si nada hubiera pasado.
Juan XXIII es uno de los colegios de mujeres más importantes de Cajamarca y uno de los que más número de alumnas alberga, su tradición es vasta y muchas profesionales notables han egresado de sus claustros como prueba de la calidad educativa que albergaron alguna vez sus aulas y de los docentes que forjaron esas generaciones estudiantiles.
Juan XXIII siempre destacó como un colegio de apertura y de mayor accesibilidad por sus costos justos y no exagerados como en otros colegios del mismo corte, ello generó que una amplia parte de la población de sus estudiantes sean personas humildes de condición económica modesta, de ello se ha valido una horda de delincuentes – ya no se habla de uno, ni de dos ni de tres casos de violación, las denuncias que existen se han comprobado y son un tumulto – para hacer de las suyas bajo el amparo cómplice de su director Joel Rojas Alvarado.
Los testimonios de las afectadas, cuyas grabaciones permanecen en el archivo de este diario, son escalofriantes y terribles, resulta extraño que el director de ese plantel, en vez de denunciar los hechos, como es lógico, haya tratado de acallar y de transar con los familiares de las víctimas de violaciones sistemáticas amparadas bajo la felonía de algunos profesores de esa Institución Educativa y de las trabas burocráticas que han puesto en todo momento la Ugel Cajamarca y la Dirección Regional de Educación, las respuestas de ambas instituciones tutelares del sector educación han sido evasivas, huidizas y en todos los casos denunciados han dado largas a las denuncias mientras los vulgares delincuentes – que fungen como profesores – armaban estrategias de defensa a la sombra de las lágrimas de sus familias y de la consabida frase de “Sr. Fiscal no me haga daño, no me malogre la vida”
Las más de mil alumnas que estudian en el Colegio Juan XXIII corren un grave peligro, una pandilla de pederastas se ha camuflado entre profesores honestos y ya se han denunciado más de cinco casos de violaciones y hasta embarazos en alumnas menores de edad que están bajo la tutela de esos indeseables.
Es hora de llamar a las cosas por su nombre. Las autoridades del sector educación no lo hacen, mientras los abogados de los violadores traman, urden y hacen todo tipo de artimañas para salir bien librados.
Es el colmo que en pleno siglo XXI un docente violador pretenda como salida desesperada casarse con su víctima a cambio de seguir gozando de libertad para seguir cometiendo más tropelías y delinquiendo con impunidad, es inconcebible que este tipo de estigmas sean respaldados por la complicidad y el silencio de quienes deberían ser los primeros en denunciar, como inconcebible es, que el director de Juan XXIII diga que los medios de comunicación se han ensañado con él por el hecho de hacer públicas estas denuncias.
¿Qué pasa con las autoridades que no garantizan la protección al menor? ¿Hasta cuándo se van a seguir cometiendo violaciones en los colegios de menores sin sanción para los responsables? La indecencia de algunos docentes ha llegado a límites insospechados por el encubrimiento vil de quienes los protegen con descaro y deslealtad a todo principio ético y moral. Juan XXIII debe librarse de esa lacra de docentes que han ensuciado su buen nombre y la vida de muchas niñas para siempre.
