La ministra de Inclusión
Social, Carolina Trivelli, admitió que su cartera se equivocó al confiar
plenamente en la información emitida por los municipios y las firmas de
declaraciones juradas, con las que se adhirió a falsos beneficiarios al
programa Pensión 65.
Trivelli confirmó además
que la directora ejecutiva de Pensión 65, Norma Vidal Añaños, es quien firma
los padrones de personas que aparentemente cumplen con los criterios para
recibir la subvención bimestral de S/.250, tal como lo acusó el legislador
Pedro Spadaro, miembro de la bancada fujimorista que impulsa una interpelación
a la ministra.
Señaló además que la
funcionaria da su visto bueno cuando las Unidades Locales de Focalización, a
cargo de los municipios, han verificado que los potenciales beneficiarios “no
reciben otra pensión o no están en otro programa social”. “No hay ninguna falta
en ese momento, pero no ha sido suficiente”, expresó.
Informó que su portafolio
ya inició investigaciones en Supe para realizar las denuncias que correspondan;
estas incluyen a las autoridades del citado municipio que han sido las
responsables de recabar la información. Un reportaje del programa “Cuarto
Poder” dio cuenta el domingo de personas que se están favoreciendo inmerecidamente
con el programa en Supe, uno de ellos el suegro del alcalde de esa provincia.
“El último filtro es el
ministerio (…) pero si tenemos declaraciones juradas de personas diciendo que
tienen precarias condiciones de vida y eso ha sido validado por algún
municipio, no tendríamos por qué dudar”, apuntó.
Finalmente indicó que no
cancelará el programa y que si prospera la moción de interpelación presentada
por el fujimorismo, “iremos con la mejor disposición porque es nuestra
obligación”.
En realidad en este país
disfuncional ningún programa social es bien manejado y en todos existe una
variedad de artimañas de quienes “le sacan la vuelta a la ley”, todos están
plagados de una serie de irregularidades y las sorpresas se seguirán dando. El
caso denunciado por “Cuarto Poder” no es un hecho aislado, son miles los casos
que existen en todo el país y difícilmente un municipio quedará exento de verse
implicado con nuevas denuncias.
El programa del Vaso de
Leche es otros de los dolores de cabeza del gobierno, los beneficiarios del
programa que no cumplen con los requisitos estipulados por la ley se cuentan
por miles en todo el país. “Juntos” es otro de los programas plagados de
beneficiarios con economía onerosa y que
no los ubica en extrema pobreza.
Ya en este medio se había
denunciado en varias oportunidades el acceso ilegal a los programas sociales
que el gobierno de turno y otros crearon para “los más pobres”. Definitivamente
esto solo es el comienzo del hilo de una extensa y vasta madeja de
irregularidades que implicarán a más de un alcalde provincial y distrital.
