Alan García está en la recta final y lo sabe mejor que nadie, tenemos un Congreso de la República con un gran número de congresistas que no fueron reelectos, es decir, están de salida; otros simplemente fueron reelegidos pero tienen juicios pendientes, deudas con la justicia, blindados hoy por la inmunidad parlamentaria, sin embargo nada es eterno.
La Ley N° 29703, que modifica el Código Penal respecto a los delitos contra la administración pública ha surgido como un relámpago para los acusados de corrupción del fujimorismo y del aprismo en retirada, pese a que varios entendidos en derecho penal han tratado de mitigar el efecto que esta ley tendría, lo cierto es que antes de que suceda la entrega del gobierno a Ollanta se quieren dejar las cosas sobre ruedas para eventuales fugas, indultos y licencias que resultan inverosímiles.
Cambiar las reglas de juego a estas alturas en que el gobierno aprista “ha perdido por goleada” y que el fujimorismo no pudo salirse con la suya con esa propuesta de indulto, resulta ilegal. Cambiar las reglas ad portas del retorno a las calles, del vivir sin el poder ni el tarjetazo aprista no puede ser permitido por un país que vive en democracia y que ha luchado largamente para el retorno de la misma después de varias dictaduras casi secuenciales.
El exprocurador Luis Vargas Valdivia, experto en derecho penal, advirtió que esta ley sí beneficia a procesados por corrupción del régimen fujimorista y de la actual administración aprista, ya que en materia penal se aplican retroactivamente las normas favorables al imputado, por lo que, por más que la ministra del oficialismo Rosario Fernández se esmere en opinar a favor, sus planteamientos resultan ilógicos.
El mismo Fiscal de la Nación, José Peláez , se ha mostrado a favor de revisar la cuestionada Ley, polémica iniciativa que además sustentó el congresista fujimorista Rolando Sousa el 19 de mayo último establece, para los casos de colusión, una sanción penal a funcionarios públicos solo cuando su ilegalidad haya perjudicado al Estado.
Peláez no se ha callado, fiel a su estilo y de inmediato ha salido a decir: “Esto realmente es una interpretación que ha hecho el Congreso de una sugerencia que planteó el Poder Judicial. El delito de colusión se produce cuando dos personas concertan, se ponen de acuerdo, para defraudar al Estado, independientemente del resultado o daño que se produzca”.
¿Pero qué pasó con la bancada nacionalista que se ha mantenido en silencio ante la aprobación de la ley 29703? Según la norma solo cuando esa ilegalidad cometida haya perjudicado al Estado sería sancionada, ley con nombre y apellido.
Mientras tanto en los estertores de su gobierno ha buscado dejar una obra memorable, grandilocuente y excelsa a los peruanos, se trata nada más que de un Cristo de 37 metros de altura (7 más que King Kong, el robot de Hollywood) que se pretende ubicar en el Morro Solar, propuesta que luego de la sarta de disparates que hace el gobierno resulta absurda y ridícula.
Esperemos que no haya fugas masivas, ni indultos generosos o modificaciones que buscan abrir las cárceles de cualquier modo, como siempre para favorecer a los más poderosos, a los que robaron y “mataron más”, a quienes saquearon al país y hoy agonizan en su propia roña.
García es un esperpento que hace gracias cual mono circense, no solo baila en públicos ridículos, sino que piensa que la población no se percata de sus andadas, de esas escandalosas como las gracias que hace cuando baila emocionado y juguetea con sus inexistentes senos.
