Un nuevo escándalo ha remecido las débiles bases del Congreso de la República, la desaforada congresista Elsa Canchaya podría retornar a sus funciones y labores luego del pronunciamiento de un Fiscal Supremo.
Tomás Gálvez Villegas, Fiscal en el caso, ha expresado "¿Qué estamos diciendo en el dictamen? Que ella no puede cometer el delito por la sencilla razón de que no tenía facultades para nombrar, y -en efecto- no nombró". Y razón no le falta a la argumentación de Gálvez Villegas.
Más allá de que parezca descabellada, la demostración que emplea el Fiscal Gálvez Villegas es absolutamente válida, puesto que lamentablemente el reglamento del Congreso avala, adrede o no,- lo más probable es que no- el hecho de que Elsa Canchaya legalmente no sería la responsable directa.
Y es que la ley se basa en códigos establecidos que se interpretan y se utilizan en base a lo determinado en ellos, transgredir la norma es simplemente ir contra la legalidad y el planteamiento de Gálvez Villegas es absolutamente válido aunque la razón nos diga que la Ex – Congresista hizo trampa y mintió y actuó con premeditación y dolo.
El reglamento del Congreso no exige requisitos formales para contratar a los asesores de los legisladores, por lo que la propuesta de Canchaya de contratar a su empleada del hogar no implica responsabilidad penal. Sin embargo el Fiscal si aceptó que es un acto reprochable, la Fiscal de la Nación avala el planteamiento y es que el reglamento congresal está evidentemente mal formulado. Por eso Tomás Gálvez sugirió corregir el reglamento para evitar que este tipo de trampas se repitan en el futuro.
Una palabra puede significar la condena o libertad de un acusado, en el derecho hasta una letra que puede ser disyuntiva o conjuntiva, pueden significar la diferencia entre la liberación o el encarcelamiento en los procesos penales y afines.
Por su parte, el procurador Julio Ubillús replicó que sí existe un perfil laboral para los cargos de confianza, el cual supone contar con una experiencia no menor de cinco años en la función congresal, la cual no tenía Jacqueline Simon, la empleada contratada como asesora de Canchaya. "Ella tenía total dominio de la acción. No es que el Parlamento contrate, lo que este hace es abonarle sus servicios por la parte administrativa y operativa (...) Las trampas las hizo la señora Canchaya en forma individual, nada tiene que ver el Congreso", advirtió.
Tres cosas le ha imputado, el procurador, a Tomás Gálvez, Fiscal Supremo, que no hubiera explicado por qué retuvo el expediente durante siete meses, rechazó sus críticas al reglamento del Congreso y calificó de inaudito el hecho de que Gálvez haya admitido no haber visto el expediente principal sino solamente copias, lo que el mismo fiscal ha reconocido.
En resumidas cuentas la razón es compartida lamentablemente, porque una desvergonzada como Elsa Canchaya se ha deslizado por un resquicio del reglamento para ponerse en el papel de víctima, resquicios jurídicos que se han visto en el juicio al ex prófugo Alberto Fujimori, la banda de los injertos y otros tantos casos que han demostrado los vacíos legales del vilipendiado Perú.
