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lunes, agosto 16, 2010

Instigadores y conflictos sociales


Los conflictos sociales se han convertido en el pan de cada día en los lugares donde se produce un auge económico y hay un vínculo directo con la actividad minera. Una estirpe de oportunistas y agitadores mueven los hilos de las comunidades bajo el pretexto de un interés ambientalista o ecológico. No hablamos de uno o dos, sino de una jauría que se han diversificado y laboran en distintas zonas de la región, desde Cajabamba hasta Hualgayoc, se cuentan varios personajes oscuros que han hecho de los conflictos sociales que ellos mismos aguzan un modus vivendi, una manera de vivir sin tener que trabajar.

La manera en que estos personajes operan resulta convencional, se pintan como líderes sociales de ciertas comunidades, manipulan a las masas, las organizan y luego extorsionan a las empresas con el pretexto de poder evitar una reacción popular a cambio de cierta cantidad de dinero.

Los conflictos sociales han representado el peligro más grande en los últimos meses para la Región Cajamarca. El incremento de estos ha sido increíble debido al incremento de instigadores mimetizados entre la población honesta que está dispuesta a dialogar y buscar un beneficio comunitario y no individual como sucede con quienes agitan e instigan antes de buscar el interés colectivo.



Ya son varias las denuncias que se han hecho con respecto a este tema, varias mineras han identificado a un grupo de indeseables cuya labor principal es la de romper el diálogo, incitar a la población a romper los códigos legales establecidos e incurrir en actos delictivos y penados como el bloqueo de carreteras, la invasión de la propiedad privada, el secuestro y el saqueo.

La labor de la Policía Nacional resulta vital en la identificación e investigación de estos personajes. Las cabezas visibles son varias, muchas veces escondidas tras líderes comuneros honestos que resultan víctimas de las situaciones legales, pagando muchas veces justos por pecadores.

Los líderes comunales son los únicos responsables de las acciones que asuman las comunidades, deberían ser los que adjudiquen la gestión de diálogo entre la población y las mineras y no políticos frustrados que solo entorpecen el desarrollo de los pueblos, sumen al país en el atraso y enfrascan en largos procesos legales a inocentes que solo buscan el desarrollo de sus comunidades.







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