La historia de ejecuciones extrajudiciales en el Perú no es nueva, es más bien un hecho recurrente que regresa con cierta frecuencia. Ha sucedido en el primer gobierno de García con el llamado “Comando Rodrigo Franco” y el tristemente célebre “Grupo Colina” en tiempos de Fujimori, sólo por hablar de la historia reciente del Perú, sin contar, por supuesto, con las ejecuciones sucedidas en el interior del país durante la guerra con Sendero Luminoso.
Los hechos denunciados en Trujillo por los familiares de quienes tendrían vinculación con el hampa y habrían sido ejecutados extrajudicialmente, aún en sus propios domicilios, ha sido una denuncia que ha remecido los sectores políticos del país, hechos que el mismo presidente Alan García ha salido a negar airadamente.
La delincuencia se ha convertido en un problema tan grande que se ha mimetizado entre la sociedad de tal modo que hasta hemos aprendido a convivir con ella como con un cáncer inextirpable. Ello genera opiniones encontradas y divididas en las graves acusaciones que han sido avaladas y revalidadas por el Ministerio Público de Trujillo.
Y surge la interrogante con un hálito de terror ¿Tenían la posibilidad de la reinserción quienes pasaron su vida delinquiendo y que de algún modo eran capos de la delincuencia? ¿Una cárcel peruana iba a causar un cambio sustancial para su conducta o lo iba a convertir en un profesional del crimen?
Sin ir muy lejos, en Cajamarca, cuando algo nos es robado, sabemos dónde podemos ir a “comprar” lo que nos fue robado y en algunos casos hasta se sabe quien cometió el robo, entonces hablamos de un régimen delictivo de impunidad que hace de las suyas en una alicaída sociedad dominada por el miedo y el terror.
Si bien es cierto que la delincuencia debe ser mermada y tiene que ser reprimida con dureza, también es cierto que vivimos en un Estado de Derecho y que no podemos asumir la justicia como una potestad individual o colectiva y actuar como grupos humanos primitivos o del lejano oeste americano.
Hoy se conmemora la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y es preciso hacer hincapié en que la violencia engendra violencia y que aún el delincuente más vil tiene derecho a un juicio justo, así lo entendemos la mayoría de los peruanos, quienes estamos cansados de violaciones de derechos humanos, de fosas comunes, de muertes extrajudiciales y de esa serie de hechos que abren profundas heridas sociales en un país que se ha desangrado lo suficiente en las últimas décadas como para permitir que se derrame una gota más de sangre con maquinaciones políticas que no van a exterminar la verdadera raíz de este viejo problema.
