Ante la evidencia irrefutable de que el examen docente para la Carrera Pública Magisterial (CPM) había sido vendido con anterioridad a su aplicación, los funcionarios del Ministerio de Educación no tuvieron otra alternativa que hacerse los sorprendidos y suspender el examen. Eso le cuesta al Estado Peruano millones de soles.
Los exámenes anteriores tuvieron la misma modalidad, las preguntas se conocían con anterioridad para quienes podían comprar la prueba y eso era bien sabido por los funcionarios del MINEDU que eran cómplices de esa corrupción que hacía que los menos competentes tengan acceso a esa prueba con notas no solo aprobatorias, sino excelentes.
Los chantajes sexuales y coimas en las Ugeles y en la Direcciones Regionales de Educación de todo el país no son nuevos, las denuncias se han dado por millares y ninguna ha sido sancionada, aparte están las que nunca se hicieron porque se aceptaron sin miramientos.
Cajamarca no estuvo al margen en la venta de pruebas docentes en exámenes anteriores, docentes que siempre tuvieron un puntaje mediocre en todos los procesos, se hicieron de notas sobresalientes luego de haber adquirido la prueba y celebraban con antelación los resultados de un fraude anunciado.
José Antonio Chang, quiere tapar el sol con un dedo y hacer creer a los peruanos que se trata de un grupo de docentes que han hecho un fraude al adquirir la prueba ilícitamente, si bien en eso estamos de acuerdo, habría que determinar quienes son los funcionarios que están en el Ministerio de Educación y que venden los exámenes con desparpajo.
La posesión es un delito pero lo es también la comercialización y parece que Chang y su cúpula no quieren ver el problema como algo interno sino que han sugerido que se trata de malos docentes que han hecho un tráfico ilícito y prefieren mirar a sus empleados como mansas palomas.
A miles de docentes tramposos se les ha quemado el pan en la puerta del horno y lo mismo ha sucedido con quienes vendieron el examen, pues se verán en la imperiosa, y nada grata necesidad, de devolver los abonos recibidos por el ilícito negocio.
Mientras congresistas como Alejandro Rebaza hacen malabares legales desde el Legislativo para impedir que la carga del gasto público se eleve, llegando incluso a afectar seriamente a miles de trabajadores honestos que se ganaron el derecho de pertenecer al Estado por méritos y no por prebendas, una horda de delincuentes desde los mismos ministerios trafican con la educación, vendiéndola como si se tratase de mercancía.
El Ministerio de Educación, Ugel y Dirección Regional de Educación, están atiborrados de personal que labora en cargos por afinidad, por simpatizantes torpes y mediocres de los partidos de turno que solo han hecho que esas instituciones sean las peor vistas entre todas las instancias del Estado.
Con descaro Chang ha anunciado que la prueba se tomará el 27 de este mes, sin hacer una mea culpa en el deficiente equipo de trabajo con el que cuenta y lo que es peor, sin evidenciar ningún cambio institucional que es de donde parte el problema y no de los docentes que compran lo que se les ofrece por una actitud desesperada, mediocre y que pinta de cuerpo entero la real situación del Perú en el tema educativo. La pregunta es clara pero nadie la quiere responder ¿Quién le pone el cascabel al gato?
