En los últimos meses varios hechos escandalosos pusieron en tela de juicio el prestigio de los docentes cajamarquinos de manera particular. Muchas denuncias por acoso y violación sexual se hicieron públicas, en la provincia de San Marcos dos docentes fueron filmados con un grupo de alumnos bailando desnudos en la habitación de uno de ellos, otro fue acusado de violar y embarazar a varias alumnas, el sujeto: Wálter Miranda Torres. En Cajamarca, de manera específica, salieron a luz una serie de denuncias de violaciones en el colegio Juan XXIII. Como la publicada en este diario el 23 de noviembre del 2009 donde se informa sobre la violación de una alumna de 14 años en ese plantel por el docente Carlos Sánchez Muñoz (41).
El Director del colegio cuestionado, profesor Joel Rojas Alvarado, salió a los distintos medios a desmentir los hechos y adujo en su desesperación que Panorama Cajamarquino había lanzado una campaña de desprestigio para dañar su gestión, mientras tanto las denuncias por violaciones de alumnas de diversos grados de ese plantel se incrementaban y el Ministerio Público iniciaba unas parsimoniosas investigaciones, la UGEL y la Dirección Regional de Educación se lavaban las manos dando tiempo a que los denunciados armen sus estrategias de defensa y sigan poniendo en riesgo a miles de alumnas menores de edad con las que trabajan a diario ese grupo de desadaptados.
El sector Educación es uno de los más cuestionados por su política de sanciones en casos de acoso y violación, los denunciados luego de ser investigados “sumariamente” son derivados a oficinas administrativas, es decir, si antes tenían que trabajar en un aula ahora lo hacen en una oficina. Esas argucias de las que se valen estos delincuentes – no existe otro modo para llamar a una persona que comete un acto de violación a menores de edad que están bajo su tutela- zona avaladas por algunos abogados de dudosa moral.
Otro escándalo se suma al rosario de denuncias que debe afrontar el Colegio Juan XXIII, gracias a la mala política de su director, quien en vez de sancionar con drasticidad a los responsables los defiende con sutilezas burocráticas levantando serias dudas sobre su actuar como docente. El docente Máximo Antonio Bazán Uriarte y el profesor y también abogado de cuanto docente es denunciado en ese plantel, Víctor Hugo Amayo Lobato, fueron sorprendidos libando licor con menores de edad en una cantina a una cuadra del colegio Juan XXIII.
Los hechos que se han denunciado no son nuevos, pero sí es inexplicable que el director de ese plantel siga apañando a quienes no solo son acusados por una alumna, sino que fueron acusados por varias además de los familiares de las afectadas, es inconcebible que tanto la UGEL como la Dirección Regional de Educación sigan lavándose las manos en este tipo de acciones y sigan culpando solo Ministerio Público, la culpabilidad es compartida aunque en ámbitos distintos.
El CADER ha demostrado ser inoperativo en cuanto a los procedimientos de sanciones administrativas. En el colegio Juan XXIII existen miles de alumnas que están expuestas a diario, pues deben recibir clases de algunos docentes que deberían estar internados en el penal de Huacariz. Los hechos reiterativos que sucedan en el futuro inmediato serán entera responsabilidad del director del plantel, director de la UGEL y de la Dirección Regional de Educación, por no sancionar a tiempo a personas que nunca debieron ser docentes, menos aún trabajar en un colegio de mujeres indefensas, menores de edad y de condición vulnerable.
