Edy León Benavides Ruiz, Manuel Ramos Campos e
Idelso Hernández Llamo han vuelto a convocar a marchas en contra del proyecto
minero Conga con el repetido absurdo de no querer dialogar y buscar nuevamente
la confrontación. A su llamado se suman peligrosamente una norma que acaba de
ser aprobada por el pleno del Congreso.
La norma aprobada
refiere que “el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú
(PNP) estará exento de responsabilidad penal cuando cause lesiones o muerte en
el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa”.
Con tal finalidad,
la propuesta legislativa, presentada por los grupos parlamentarios Fujimorista
y Nacionalista Gana Perú, dictaminada por la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos y sustentada por su presidenta, Marísol Pérez Tello, dispone modificar
el numeral 11 del artículo 20 del Código Penal, referido al uso de armas u otro
medio de defensa.
¿Qué significa cumplimiento de su deber y en uso de sus
armas u otro medio de defensa? Bajo esa premisa los soldados que
asesinaron a balazos a cinco personas en el conflicto de julio del año pasado
en donde murieron cuatro personas en Celendín y una en Bambamarca estarían en
el cumplimiento de su deber. Matar, interpretado en el cumplimiento del deber.
El militarismo del gobierno de Ollanta Humala se huele cada vez más fuerte.
Nos encontramos
ante la intransigencia de dos frentes, por un lado, se encuentra la postura
radicaloide de los “dirigentes” y por el otro el mismo gobierno con su
militarización de los conflictos.
Por eso no resulta
extraño el temor y las alertas que han lanzado tanto Defensoría del Pueblo como
el Ministerio Público. El año pasado los soldados de Ollanta dispararon a gente
inerme y mataron a cuatro peruanos en Celendín y uno en Bambamarca, el año
pasado esta ley no había sido aun aprobada ¿Qué va a pasar ahora cuando las botas y las
balas nuevamente se impongan?
La Defensoría del
Pueblo alertó sobre la situación de la región Cajamarca. Ha pedido no descuidar
el diálogo, a propósito del reinicio de las protestas, anunciado por los dirigentes
debido a la construcción del segundo reservorio de agua para la población que
ha pedido el gobierno antes del inicio del proyecto.
Cuando se escuchan
los primeros balazos los dirigentes desaparecen como por arte de magia, por eso
una de las víctimas mortales de la matanza de Celendín ocurrida el año pasado
fue un escolar de quince años, otros fueron transeúntes y hasta curiosos, todos
desarmados.
En medio de la
actual coyuntura preocupa la aprobación de esta ley que concede literalmente
licencia para matar a los efectivos policiales y los de las Fuerzas Armadas,
cumplimiento del deber o en defensa propia suena muy vago, existe una
relatividad profunda en el término y una vez más la población civil se queda en
jaque por la conducta insana de quienes nos gobiernan.
