Los hechos de violencias a consecuencia del paro minero son lamentables. Ante el anuncio que hicieron los dirigentes de que acatarían un paro para ser atendidos con un pliego de reclamos que consideran justo, el gobierno declaró en emergencia por 60 días, a partir del 4 de abril, las provincias de Nazca y Palpa (región Ica); Tambopata y Manú (Madre de Dios); Caravelí y Camaná (Arequipa).
El Decreto de Urgencia 012-201 que busca poner fin a la ilegal práctica de la minería informal, fue el origen de este paro convocado por la Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú y la Federación Minera de Madre de Dios.
Solo en Madre de Dios hay cerca de 2,500 mineros informales que no cumplen las leyes ambientales, no tiene autorización, no pagan impuestos y se produce al año el 9.2 % del oro del Perú que son 416 mil kilos y comercializan unos mil 600 millones de soles en oro ilegal, según el mismo ministro del Ambiente Antonio Brack.
Alan García ha dicho que el país debe comprender que el Gobierno no está luchando contra trabajadores, sino que quiere evitar la existencia de una “minería informal que envenena los ríos, destruye el medioambiente, esclaviza jóvenes y niños y que ocasionan desastres”.
Nada más cierto, aunque es una visión un poco tardía si se tiene en cuenta que este tipo de informales trabajan en esas zonas desde la década del ´70, depredando el medio ambiente, vertiendo sus deshechos a los ríos, talando miles de hectáreas además de la contaminación social que tiene otros matices como la prostitución, aparición de bandas de tratantes de blancas y proxenetas, entre otras situaciones conflictivas socialmente que crean asentamientos sin orden social ni ningún tipo de legalidad.
El uso de químicos letales como el cianuro y el mercurio se hacen indispensables en la minería informal, el grado de contaminación de ambos productos es inenarrable. La idea de reformar la minería informal en el Perú es prudente y seguramente avalada por gran parte de la población, sin embargo el problema se arraigó en décadas y más de una generación nació y creció con la idea de que eso era legal. El ser humano siempre es reacio al cambio y este cambio no será fácil, el costo de vidas en tres días de paro se ha incrementado y tiene la tendencia a seguir creciendo.
Pero el problema no es aislado. Solo en Cajamarca, provincia de Cajabamba existen un aproximado de cinco mil mineros informales apostados en Algamarca, los que trabajan sin ningún cuidado técnico por el medioambiente además del uso de toneladas de insumos químicos fiscalizados que circulan de modo ilegal y sin ninguna licencia. En Huamachuco la realidad existente es similar.
Ojalá que la aplicabilidad de ese proyecto de formalización de la minería ilegal, sea el inicio de otras acciones en zonas de la sierra norte como los casos ya citados.
Ojalá que no se sigan perdiendo vidas inútilmente y que los custodios del orden comprendan que la declaratoria de emergencia no les otorga libertad para disparar a quemarropa a gente indefensa que lucha equivocadamente bloqueando carreteras, como una medida de fuerza por algo que carece de legalidad.
