Por fin se pudo detener a uno de los implicados en el tráfico de certificados para los expedientes en el tristemente célebre examen para el nombramiento de docentes en la Carrera Pública Magisterial. El examen desde un inicio estuvo lleno de irregularidades, finalmente y como una evidencia más de que en el Perú todo ha sucedido y todo puede suceder, el examen salió a la venta al mejor postor.
Los más osados usaron plagias al más puro estilo adolescente para poder alcanzar un puntaje aprobatorio y hacerse de un puesto laboral en el difícil y competitivo mundo actual.
No faltaron los chantajes sexuales, por parte de los mercaderes del examen, otros usaron los más nuevos métodos y tecnología de punta, como el envío de las respuestas a cada uno de los que compraron el examen a través de mensajes de texto a solo unas horas de iniciarse el examen.
Después de que el Ministerio de Educación avaló un examen fraudulento, las sorpresas se evidenciaron de inmediato, hermanos de padre y madre que tenían el mismo puntaje, docentes con experiencias nefastas en otros exámenes ahora ostentaban más de 19 otros un contundente 20.
Los resultados que se colgaron inicialmente en la página web del Ministerio de Educación fueron adulterados y cambiaron en solo unas horas, lo que generó una indignación comprensible en los miles de docentes que se vieron afectados. Posteriormente en la evaluación de expedientes las mafias que vendieron certificados hicieron de las suyas con la venta de miles de certificados, a ellos se sumaron ONGs, institutos y universidades, un diplomado, una maestría u otro título se lo podía obtener en unos minutos, al gusto del cliente, quien no tendría que estudiar ni un solo día para ello, pero sí pagar por el certificado.
La detención de uno de los implicados de esta mafia de mercaderes de diplomas y certificados es solo la punta del hilo de una larga madeja de corrupción, de atropellos a los derechos de miles de docentes honestos que se esmeraron en alcanzar por la vía legal una nota que les permita acceder a la Carrera Pública Magisterial y que, por culpa de estos delincuentes, se vieron frustrados.
Será el Ministerio Público quien tenga la responsabilidad de iniciar las investigaciones y que a todos los implicados en esta caterva de rufianes el Poder Judicial les aplique todo el peso de la ley, por bien de las instituciones de nuestra patria y de la educación peruana.