Cuando la anterior
directora de la Aldea Infantil San Antonio de Cajamarca, bajo la tutela del
Gobierno Regional asumió su cargo, los escándalos no se hicieron esperar y de
inmediato se evidenciaron casos de abuso sexual que fueron denunciados en su
momento por distintos medios de prensa así como malos manejos económicos que
fueron puestos al descubierto hasta el uso indebido de la aldea que fue usada
como hotel en tiempo de carnaval para alojar a las portátiles del Gobierno
Regional que llegaban desde otras provincias.
Laura Cachay, entonces
directora de la aldea San Antonio supo capear muy bien las denuncias,
respaldada siempre por Gregorio Santos y consiguió salirse bien librada pese a
los sucesivos escándalos y antes de cualquier situación incómoda renunció
argumentando situaciones de índole personal.
Cuando arribó la nueva
directora se esperaban visos de cambio en la alicaída imagen de la aldea, más
aun cuando en una de sus primeras entrevistas a la prensa dijo que había
encontrado la aldea como si se tratase de una casa abandonada – la aldea
en gobiernos anteriores también siempre tuvo un destino negro y las denuncias
por malos manejos y abusos han sido reiteradas hace muchos años- Norma
Barco Rueda, la actual directora de la aldea San Antonio asumió el cargo en
medio de la expectativa de la población esperanzada en un cambio o al menos en
el mínimo cumplimiento de la razón de ser de esa institución, es decir, el
servicio a los niños en estado de abandono.
Hace unas semanas se hizo
la grave denuncia de un caso de violación sexual a uno de los niños de la aldea
por parte de un chofer del gobierno regional de Cajamarca, pese a que la nueva
directora negó en todos los idiomas el hecho finalmente aceptó que había un proceso
investigatorio y que el chofer había sido separado mientras duraban las
indagaciones.
Encubrir un delito es un
hecho grave y cómplice –algo similar a lo que habría incurrido la
Iglesia Católica con el caso del exsacerdote Gambino Miranda quien era investigado
por la jerarquía eclesiástica desde el año pasado sin dar cuenta de ellos a los
órganos jurisdiccionales correspondientes- Tapar un hecho de esa
naturaleza es un acto vil que merece el repudio colectivo.
El caso ha quedado en
suspenso y no se ha dicho más sobre ello y más bien han salido ciertos “músicos”
a tratar de distraer la atención de la colectividad con cantos falsos y ruidos
siniestros, músicos de la aldea cuya única finalidad es hacer olvidar a
Cajamarca que se siguen produciendo hechos censurables y hasta con implicancias
penales en instituciones que deberían velar rigurosamente por la tranquilidad y
seguridad de los niños albergados en esa institución.
La Fiscalía de Prevención
del Delito cumple un papel preponderante en este tipo de situaciones y es
imperante su supervisión permanente sobretodo en instituciones en donde se
albergan a menores de edad y existen denuncias graves como hechos de abusos
sexual por parte de personal de la misma institución de la cual dependen.
Ojalá que los funcionarios
del Gobierno regional dejen ese toquido de trompetas para distraer a la
población y se aclare de una vez por todas, esta grave denuncia que ensombrece
una vez más la gestión del Gobierno Regional.
